artículo no publicado

Un proyecto para España

La precariedad y la cuestión demográfica son los dos grandes problemas que ponen en peligro el Estado de bienestar español.

Si tuviéramos que citar el reto más importante de nuestro Estado del bienestar sería obligado hablar de la cuestión demográfica. En los últimos años, en nuestro país se han producido más defunciones que nacimientos. Solamente la recepción de inmigrantes está evitando la despoblación. También estamos asistiendo a una inversión de la pirámide demográfica: la proporción de trabajadores sobre pensionistas es cada vez menor. Si en 2015 había 30 personas mayores de 64 años por cada 100 trabajadores, en 2050 se calcula que habrá casi 80.

Con estos datos es hora de tomarse en serio el problema. El envejecimiento de la sociedad no es un fenómeno exclusivo de España, sino que afecta al conjunto de los países occidentales. Sin embargo, en nuestro caso se ve agravado por varios factores. En primer lugar, por un mercado laboral atípico, caracterizado por producir elevados niveles de paro estructural, por una inserción laboral complicada, especialmente para los jóvenes, por la discontinuidad en el empleo, por la precariedad en los salarios y la temporalidad: solo siete de cada 100 contratos que se firman en España son indefinidos.

Esto significa que la fuerza de trabajo que debería garantizar con sus cotizaciones el pago de las pensiones está en serias dificultades. Además, en los últimos años, los ingresos del grupo edad de 60 a 64 años han crecido un 25% más que los del grupo de 30 a 34 años, diez puntos por encima de la media de la OCDE. Y la edad efectiva de jubilación es de 63 años, a pesar de sus revisiones al alza.

Por si esto fuera poco, en nuestro país nacen muy pocos niños. El número de hijos por mujer desciende año tras año, y se ha situado en 1.3, frente a la media de 1.75 de la OCDE. Y no es porque las españolas no quieran ser madres. Al tiempo que la tasa de fecundidad ha descendido sistemáticamente en los últimos años, el número de hijos deseados se ha mantenido estable en torno a dos por mujer. España es uno de los países en los que la brecha entre estos dos datos es mayor. Tenemos menos hijos y, además, somos las que los tenemos más tarde, a los 32 años, aunque afirmamos que la edad ideal para tener el primer hijo se sitúa en torno a los 28 años.

¿Por qué tenemos menos hijos de los que quisiéramos y más tarde de lo que nos gustaría? Los expertos señalan de nuevo a nuestro particular e ineficiente mercado laboral. La decisión de formar una familia exige ciertos requisitos previos: haber alcanzado estabilidad en el empleo, disfrutar de una renta suficiente y disponer de una vivienda son los más importantes. También son extraordinariamente difíciles de alinear en España.

Los jóvenes son un colectivo con un acceso al mercado laboral muy complicado, que padece la precariedad, el desempleo y la temporalidad de manera singular, y que sufrió en mayor medida que los mayores el paso de la recesión. La incertidumbre laboral contribuye a postergar la decisión de formar una familia y, en último término, se traduce en una natalidad por debajo de la deseada.

Además de las dificultades propias de los trabajadores jóvenes, las mujeres tienen que lidiar con otros obstáculos. Cuando se acerca la edad de la maternidad, se abre una brecha salarial entre ellas y los trabajadores varones que será crucial para su futuro. Muchas se ven obligadas a elegir entre su carrera profesional y formar una familia. Además, en un país donde queda mucho por hacer para alcanzar la corresponsabilidad en el hogar, muchas mujeres no tienen más remedio que solicitar reducciones de jornada para poder compatibilizar trabajo y familia. Una de cada cuatro mujeres trabaja a tiempo parcial, aunque la inmensa mayoría de ellas querría trabajar más horas.

Por otro lado, la diferencia de dotación de los permisos de maternidad y paternidad hace que las mujeres sean percibidas como trabajadoras menos competitivas y más costosas que sus compañeros hombres. Todas estas circunstancias tienen una traducción dramática: el 65% de los trabajadores pobres son mujeres. También son mayoría las mujeres que cobran el salario mínimo. Y la brecha salarial se ensancha cuanto más aumenta la cualificación: las mujeres con estudios universitarios de licenciatura, máster o doctorado ganan 9.500 euros menos que sus homólogos varones, y también ganan menos que los hombres del escalafón formativo inmediatamente inferior.

Las disfuncionalidades de nuestro mercado laboral, que golpean especialmente a jóvenes y mujeres, unidas a la ausencia de políticas ambiciosas de conciliación y ayuda a la maternidad, están incidiendo negativamente en la decisión de tener hijos. Este hecho tiene una doble lectura: por un lado estamos hurtando a los ciudadanos y las ciudadanas el derecho a formar una familia. Por otro lado, las consecuencias de un mercado laboral que no provee oportunidades son potencialmente calamitosas para el sostenimiento de nuestro Estado del bienestar.

El Estado del bienestar es el producto político y social del que los europeos podemos sentirnos más orgullosos. Se trata del sistema que ha hecho de nuestras sociedades un espacio de protección y cuidados basado en la prestación de servicios públicos. Pero no nos viene dado. El Estado del bienestar lo hacen cada día los ciudadanos y si no abordamos sus problemas no tendrá continuidad.

Garantizar su sostenimiento pasa por dar respuesta a los dos grandes desafíos que lo atenazan: la cuestión laboral y la demográfica. Para lo primero hacen falta propuestas que liquiden la temporalidad y la precariedad, poniendo fin a la desigualdad en el empleo: ningún estado que se precie de llamar a sus habitantes ciudadanos puede consentir un sistema que distingue entre trabajadores de primera y de segunda.

Para lo segundo hace falta una gran inversión en políticas de conciliación que involucren, desde la educación de cero a tres años, hasta la progresiva equiparación de permisos de maternidad y paternidad, pasando por las ayudas por hijo o familiar a cargo, la flexibilización de horarios y las horas de libre disposición en el trabajo: ¿Qué clase de país es aquel en que sus ciudadanos no pueden ser padres y madres? ¿Qué clase de sistema perverso es el que ha convertido trabajar y formar una familia en un heroicidad? España tiene el dudoso honor de estar históricamente a la cola de Europa en inversión en conciliación. Pero esto puede cambiar. Debe cambiar.

Estas medidas no son políticas que beneficien exclusivamente al colectivo de los trabajadores, los jóvenes o las mujeres. Estas políticas son el armazón de un proyecto de país que involucra a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, a los trabajadores, a los desempleados, a los inmigrantes, a los jubilados: todos hacemos España, todos queremos un Estado del bienestar que provea seguridad en la infancia, oportunidades en la juventud y tranquilidad en la madurez.


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